El coste de las infraestructuras supuso hace 13 años 5,6 millones

Tras la última actuación de oficio cursada en octubre del año pasado, el Procurador del Común vuelve a incidir en la problemática de la depuración de las aguas de Picos, instando a la Junta de Castilla y León a que adopte las medidas necesarias para que la Consejería de Medio Ambiente ejecute de forma inmediata el proyecto de puesta en marcha de las depuradoras de este espacio protegido.

Especifica el escrito remitido a la Junta que las depuradoras deben ya ponerse en funcionamientopara garantizar los criterios de calidad de las aguas fijados en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (Porn).

En este sentido, hay que recordar que la Junta, tras una dilatada prolongación de los plazos fijados inicialmente para la puesta en marcha de estas infraestructuras, respondió de forma reciente al Común afirmando que las obras se estaban desarrollando y que las mismas finalizarían el pasado mes de agosto, cuando la realidad, según los alcaldes de la zona, es que las obras apenas se habían iniciado y, de hacerlo, los operarios tan solo se limitaban a limpiar la maleza que había ido creciendo en las instalaciones a lo largo de los años. Igualmente, no hay que olvidar que en abril de 2007 se firmó el acuerdo con los alcaldes para la ejecución de la depuración de Picos y que,dos años después, se sigue vertiendo en los ríos de este espacio protegido.

En este sentido, el Procurador del Común confirma esta cuestióndestacando en el escrito que haremitido a la Junta que “no consta en esta Procuraduría la finalización de las obras a pesar de que el Consorcio Provincial ya ha anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia, a fecha 31 de julio de 2009, el concurso para la contratación del servicio de explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones depuradoras de aguas residuales del Parque Regional de Picos”.

Además, el Procurador insta a la Junta a que, cumpliendo con la ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, “las mencionadas depuradoras deben obtener, con carácter previo a su puesta en marcha y a la recepción de las obras ejecutadas, las licencias ambientales y de apertura pertinentes para garantizar que el funcionamiento de estas instalaciones se ajusta a las condicione técnicas establecidas, evitando así que vuelvan a producirse las deficiencias anteriores que imposibilitaron su puesta en marcha”.

La Junta invirtió en la construcción de las depuradoras 5,7 millones de euros, una cifra que se remite 13 años atrás. Las instalaciones no funcionaron porque ayuntamientos y pedanías no podían hacer frente al coste de su mantenimiento.